9 de julio de 2022 > Publicaciones > Informes
En un país donde se ha logrado bajar el desempleo al 7% pero la pobreza ronda el 40%, el proyecto del Salario Básico Universal, inicialmente traccionado por los movimientos sociales, cobra mayor relevancia. Tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como la Ministra de Economía Silvina Batakis, con solo dos días de diferencia, han compartido la necesidad de debatir tales ideas.
El proyecto de ley presentado propone ampliar la cobertura del sistema de seguridad social a través de la implementación de una prestación destinada para aquellos trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos entre 18 y 64 años de edad. Cabe destacar que la seguridad social es, según la Organización Internacional del Trabajo, “la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”.
La actual propuesta tiene entre sus principales objetivos “garantizar la protección social universal para todos los trabajadores y trabajadoras bajo todas las formas de trabajo y empleo”. No es casual la distinción entre empleo y trabajo y es en aquella distinción en dónde radica la esencia del proyecto. Si entendiéramos a los trabajadores sólo como empleados, estamos dejando por fuera un universo significativo de trabajadores que no tienen un empleador, que no tienen sindicato ni paritarias, que no acceden a la seguridad social pero que todos los días trabajan informalmente para sostener a sus familias. Claros ejemplos de ellos son los albañiles, los cartones, los trabajadores de diversos oficios y, también, las “amas de casa”. Son a estos trabajadores, principalmente, a los que se espera beneficiar con dicho ingreso fijo mensual, garantizándoles estar por arriba de la línea de indigencia.
Como antecedentes de políticas públicas destinadas a los trabajadores informales, dentro de la seguridad social, tenemos tanto la Asignación Universal por Hijo, como la Moratoria Previsional. Ambas políticas, iniciadas bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, impactaron fuertemente en la caída de la pobreza y otorgaron derechos a millones de familias. Con dichas políticas se incorporaron a la seguridad social los hijos e hijas de los trabajadores informales y todos aquellos trabajadores informales en edad de jubilarse.
El monto propuesto es el equivalente al 100% o al 50% de la Canasta Básica Alimentaria ($14.401). En el caso de los trabajadores informales, las empleadas de casas particulares, los trabajadores agrarios y los desocupados se propone transferir el 100% del precio de la canasta. Mientras que para los monotributistas de la categoría A (facturación menor a $65.000 mensual) y los trabajadores en relación de dependencia con ingresos iguales o menores a dicha categoría, la propuesta es del 50%. En ambos casos, se fija como máximo 2 prestaciones por familia y como contraprestación, los trabajadores podrán continuar con sus estudios o realizar talleres vinculados a la empleabilidad.
Respecto a sus alcances, se estima un total aproximado de 9 millones de posibles beneficiarios. El costo fiscal anual bruto calculado es de 2,1% del PBI pero si se considera el retorno fiscal del 1,2% disminuye a 0,9% del PBI.
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