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7 de mayo > Ejes de trabajo > Seguridad y Justicia

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TODO FALLO ES POLÍTICO

Por Patricia Aquino y Darío Cuenca, abogades Ideal.

La segunda ola de contagios se hizo presente mucho antes de lo esperado. La mutación del virus Sars Covid 19 y el surgimiento de nuevas cepas más agresivas para la salud de toda la población, generan mayores contagios en todos los rangos etarios, provocando el aumento de la curva de decesos.

A consecuencia del agravamiento de la situación, el gobierno nacional consideró necesario incrementar las medidas sanitarias para disminuir la curva de contagios, prevenir el riesgo de saturación del sistema de salud y evitar el aumento de la mortalidad.

Dichas medidas fueron publicadas el día 15 de abril pasado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021 con el objetivo de contener y mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, mientras se agiliza el proceso de vacunación de los grupos considerados de “riesgo” y “esenciales”. Una de las medidas incluidas en el DNU, más precisamente en su art 2°, fue la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, las cuales deberían seguir su curso de forma virtual a partir del día lunes 19 de abril, con el fin de evitar mayor circulación de los habitantes dentro del AMBA.

Las autoridades de CABA con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, decidieron no acatar el contenido del art 2 del DNU y su consecuente suspensión de presencialidad en las aulas. En una conferencia de prensa exponen que no van a suspender las clases presenciales, que “los chicos” siguen en las aulas. Acto seguido presentaron un amparo ante los estrados judiciales y solicitan que la justicia resuelva dicha cuestión.

A las escuelas de CABA, no sólo asisten quienes viven en ella. Varias familias cruzan el charco, otras la General Paz, ya sea en transporte público de pasajeros, tanto en colectivos como en trenes, para acceder a sus puestos de trabajo y escolarizan a sus hijos en dichas instituciones. Debemos hacer mención que son varixs lxs abuelxs (personas de riesgo) que cuidan a sus nietxs para que sus progenitores puedan asistir a sus respectivas tareas laborales, esos niños pueden contagiarse y llevar el virus a sus casas.

Con el inicio del ciclo lectivo Presencial 2021, fue mayor la circulación de la población en los horarios de entrada y salida, no obstante, la comunidad educativa y las familias realizaron un gran esfuerzo para el sostenimiento de la presencialidad, como el uso de barbijos y/o tapabocas, el distanciamiento, la toma de temperaturas, las burbujas por grados y/o años, entre otras.

La Pandemia fue declarada por la Organización Mundial para la Salud (OMS) hace más de un año; en nuestro país el número de contagios supera los 3.000.000 y las muertes más de 65.000. Para Horacio Rodríguez Larreta, las medidas de cuidado como las que están en cuestión, carecen de urgencia y necesidad.

TODO FALLO ES POLÍTICO

Por todo esto y más, consideramos que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no suma a la lucha contra la pandemia y sigue respondiendo a intereses políticos poniendo en riesgo la vida de los argentinos. Hablar de Autonomía, de Constitución Nacional, de Federalismo, de Jerarquía de Normas; y demás, en una sentencia de más de 90 páginas, cuando está en juego la vida de miles de familias de nuestro país, no parece lo más indicado.

La necesidad de reformar la justicia hacia un sistema que logre sintetizar la expectativa del ciudadano no sólo es necesaria, sino que es urgente, para recobrar la confianza en un sistema por todos lados viciado, como el judicial, que por añadidura no se deslegitima en sí mismo, sino que también arrastra al sistema democrático en su conjunto.

Es condición necesaria para que el contrato social no vuelva a sufrir quiebres, una justicia renovada que sea capaz de infundir en el ciudadano esperanza sobre la posibilidad de vivir en un país con reglas iguales para todos. Para ello es fundamental que quien regule los castigos ante el incumplimiento sea imparcial y eficiente en la aplicación de justicia, además de dispositivos de penalidades eficaces, ya que todo indica que los pedidos de jury se amontonan en los pasillos del consejo de la magistratura sin efecto aparente.

IDEAL QUILMES





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