15 de agosto de 2018 > Publicaciones > Centro de Estadísticas
Lic. Paula López
Ya en la madrugada del jueves 9 se votó el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación.
Como se preveía, el proyecto no fue aprobado (38 votos negativos vs 31 a favor), a pesar de contar con media sanción de la Cámara de Diputados y un millón de personas en las inmediaciones del Congreso clamando por el derecho.
Hay mucho para analizar al respecto, pero en este caso creemos necesario revisar qué sucede con las mujeres en los espacios de poder y cuál es su rol y representatividad dentro de la actividad política.
Actualmente el Senado está compuesto de acuerdo a la Ley 24.012 de cupo femenino del año 1991, que implica que al menos un 30% del cuerpo de legisladores debe estar representado por mujeres. Esta Ley se enmarca dentro de las medidas de acción positiva en cuestiones de género, conocida como “ley de cuotas” que se ha implementado en muchos países de la región [1] para asegurar la participación política de las mujeres que, sin la existencia de la legislación, venía siendo denegada.
Así es que actualmente en el Senado de la Nación hay un 39% de voces femeninas (28 mujeres y 44 varones). Esto no es suficientemente representativo de la sociedad ya que según el último Censo Nacional realizado en 2010 por el INDEC, la distribución por géneros es prácticamente igual [2].
Por ello es que se ha modificado la Ley de cupos por la Ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política, con la cual el 50% de las listas electorales deberán ser ocupadas por mujeres, porcentaje que por ende se trasladará a la representación en el Congreso, pero recién regirá para las elecciones del año 2019.
Volviendo a la votación del Proyecto IVE, es fuertemente cuestionable que un 63% de varones haya decidido por el cuerpo, la vida y la autonomía de las mujeres y personas gestantes. Y más aún, cuando se analiza la distribución de votos por género del Senador/a.
Que las mujeres hayan votado igualitariamente entre la aprobación y la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo, significa que aún hay mucho por hacer desde el movimiento feminista para que esas mujeres que rechazaron el proyecto puedan sentirse reconocidas dentro de la opresión patriarcal de la que ninguna escapa, y hermanadas en la lucha. Y que la mayoría de votos en contra provenga de varones (35% del total) es la clara demostración de cómo aún seguimos sometidas a su dominio, de cómo nuestros cuerpos son sus objetos de control territorial y adoctrinamiento.
También es pertinente realizar un análisis del patrón del voto según la representación provincial de cada legislador/a. En este sentido se observan dos tendencias marcadamente opuestas en la región patagónica [3] por el voto afirmativo y el Noroeste [4] en rechazo al proyecto. En Cuyo [5] y el Noreste [6] también el voto negativo es el predominante mientras que en el Centro [7] y CABA + Provincia de Buenos Aires prevalece el voto afirmativo (con menor peso en el área bonaerense).
Es interesante cotejar este patrón territorial del voto con los datos de encuestas de opinión que muestran el nivel de acuerdo de la sociedad para con el proyecto. Tomamos de ejemplo un estudio realizado por la Universidad de San Andrés en Abril de este año:
En la comparación se puede observar que hay coincidencia entre el voto en la Cámara de Senadores y la opinión de la sociedad en las regiones del NOA, NEA, Patagonia y Cuyo. En el Centro la opinión de la ciudadanía es levemente en rechazo al proyecto mientras que el voto legislativo se pronunció a favor del mismo, y merece atención el caso de CABA y la Provincia de Buenos Aires (tanto el Conurbano como el interior) donde el nivel de acuerdo es rotundamente a favor de la despenalización del aborto como se ve en el cuadro mientras que en la cámara esto no se plasmó en la votación. Si se desagrega CABA el fenómeno es aún más particular dado que en esa ciudad la opinión favorable al proyecto de legalización del aborto es del 68%, siendo el pico en todo el país, mientras que de sus 3 senadores 2 votaron en forma negativa.
La cultura patriarcal heteronormativa se basa sobre un modelo hegemónico de familia en donde hay un varón que provee y una mujer que reproduce la vida y cuida con una disposición natural, biológica y elegida; invisibilizando así todas las esferas de participación en las que nos desarrollamos.
El Senado de nuestro país nos ha cercenado una vez más nuestros derechos sexuales y reproductivos. Éstos son derechos personalísimos de cada individuo, pero que sólo se consiguen en términos de justicia social.
Entonces la interrupción voluntaria del embarazo abarca tres dimensiones: el derecho sexual, es decir, la libertad de vivir nuestra sexualidad asociada al goce y no al castigo del placer con el adoctrinamiento de una maternidad no deseada; el derecho reproductivo, que es ni más ni menos que elegir el momento, modo y condiciones de nuestra reproducción o no; y la justicia social, ya que el aborto seguro sólo se da con pleno acceso a los servicios de salud, y que hoy en día está ligado a la clase socio-económica y la posibilidad de costeo de los precios del mercado. Porque sí, del aborto clandestino se ha hecho un mercado.
El régimen neoliberal también vino para privatizar nuestros cuerpos y la dignidad de la autonomía.
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